Con esta iniciativa, ambas organizaciones reclaman al Congreso de los Diputados una resolución que obligue al Gobierno a dotar al Sistema de la Dependencia de la partida presupuestaria suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley.
Cuando se cumplen siete años de la entrada en vigor de la ley, la iniciativa ciudadana pretende denunciar "la demolición controlada del Sistema de Atención a la Dependencia tras las tres reformas que ha sufrido la ley por el Gobierno de Rajoy que ha impactado de manera cruel en las personas en situación de dependencia", explican en un comunicado.
Consideran que la política del Gobierno "impide el acceso al sistema de nuevos dependientes o expulsa a los que ya estaban -más de 200.000 se encuentran en el limbo de la dependencia".