Transcurridos tres meses desde que entró en vigor, las comunidades deberían haber solucionado sus problemas de infraestructura e informáticos para poder hacer efectivo el cobro, como muy tarde, el 31 de enero. Sin embargo, la oposición de las regiones sigue siendo patente.
En los últimos días, la Resolución de la Dirección General de Farmacia ha contado con un nuevo recurso: el presentado por la Junta de Castilla y León. Asimismo, el Principado de Asturias ha confirmado que presentará el suyo "en breve".